Declaratoria por el día internacional de la eliminación de la violencia hacia la mujer
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre, desde la Comisión de Género de CUDECOOP queremos manifestar una vez más nuestro compromiso con la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas, visualizándola como una problemática que atañe al movimiento cooperativo.
Tal como define ONU Mujeres, la violencia contra mujeres y niñas constituye una grave violación de los derechos humanos, teniendo impactos tanto inmediatos como de largo alcance y trayendo consigo consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas. Afecta negativamente, así, el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad.
Durante el presente año, se han presentado tres proyectos de Ley impulsados por Senadores y por el Poder Ejecutivo que pretenden modificar la Ley 19.580 “Ley de violencia hacia las mujeres basada en género”.
Desde Cudecoop realizamos una serie de talleres para analizar los cambios propuestos con intercambios entre cooperativistas y profesionales especializados en la temática así como participamos también de espacios promovidos por otras organizaciones de la sociedad civil y la academia.
Sin duda que la igualdad de género y derechos de las mujeres conseguidos a lo largo de las últimas décadas está en peligro con estos proyectos y que se profundizarán las dificultades que ya de por sí, atraviesan las mujeres que se enfrentan a procesos judiciales por situaciones de violencia.
Las denuncias y los femicidios aumentan cada año y las mujeres cooperativistas lamentablemente son parte de las víctimas.
Los proyectos de ley apuntan a eliminar las referencias a las disposiciones legales internacionales aplicables, no obstante, dichas normas son de aplicación inmediata por ser ratificadas por Uruguay, por lo que su no mención en el texto no las hace inaplicables, pero sí se pierde referencia y fuerza en cuanto al marco y sustento jurídico.
También proponen modificar la palabra “verosímil” por “credibilidad” las cuales conllevan significados y cargas diferentes. Atribuirle “credibilidad” es la puerta a la exigencia de prueba, a contar con las herramientas para que su voz sea tenida en cuenta. La denuncia debe de ser creíble y frente a esto debemos preguntar: ¿creíble para quién? Ya está comprobado que el relato de la víctima puede es impreciso, poco claro, ambivalente, pero esto no lo hace un relato falso, sino que por el contrario dicho relato delata el trauma generado a la víctima.
Es de importante destacar que la víctima presenta su relato en comisaría o fiscalía, luego en Sede Judicial, y ante el Instituto Técnico Forense. Esto hace caer en la re-victimización de la mujer al someterlas a interrogatorios, pericias, contar su historia una y otra vez, reforzando su dolor y sufrimiento.
Por otro lado, proponen que “se acredite prueba en contrario” o la “valoración del testimonio de la víctima”. Dicha disposición se encuentra en contra de todo principio de protección a la mujer como al espíritu de la ley, ya que actualmente las situaciones de violencia no requieren ser probadas.
Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los movimientos de mujeres, se ha conseguido incluir la erradicación de la violencia de género en las agendas nacionales e internacionales. Los datos estadísticos desde las instituciones y organizaciones de la Sociedad Civil ponen de manifiesto que las denuncias por violencia y femicidios no se han detenido, por el contrario, se han incrementado enormemente. Sin embargo, aparecen estos embates que pretenden retroceder y perder derechos ya conseguidos.
Entendemos que, ante esto, es fundamental defender las conquistas y seguir trabajando en aquellos aspectos que hoy continúan sin solucionarse, como son la falta de apoyo y contención a las víctimas por parte de las instituciones y de la justicia. Abordar el tema con la responsabilidad que éste merece, diseñando políticas que den respuestas efectivas a la población, enfocadas desde la interinstitucionalidad y con presupuestos acordes para su implementación, especialmente en temas de salud mental.
En esta línea, queremos expresar nuestra profunda tristeza e indignación por el caso de Milagros Chamorro y adherir al pedido de “Justicia por Mili”.
Desde el movimiento cooperativo asumimos la relevancia de esta problemática y nos comprometemos con la erradicación de la violencia de género en todas sus expresiones. Hay acciones que podemos hacer desde nuestras cooperativas, federaciones y Confederación y hay otras que debemos unirnos con otras organizaciones de la sociedad civil para aunar fuerzas.
Somos conscientes que éste es un gran desafío por enfrentar y no estamos dispuestas a perder lo ya logrado hasta ahora.
El movimiento cooperativo organizado a través de Cudecoop se compromete a visibilizar, accionar, presentar propuestas a las políticas públicas, acudir al Parlamento y lo que sea necesario en pos de los derechos de género y diversidad.